Redacción
Por Charlie Núñez
Sin importar la edad, el dominicano desde que nace y hasta que muere cada cierto tiempo tiene que escuchar acerca de la imperiosa necesidad de una reforma fiscal.
Algo más que hemos escuchado siempre es que “la reforma debe afectar a los que más tienen y no a los más pobres”.
También nos muestra la historia que los renglones más impactados son los cigarrillos y bebidas alcohólicas y desde hace un tiempo acá, los combustibles.
Decimos impactados y no afectados que es el término que se manosea, porque al final toda reforma a quien afecta es al consumidor que somos nosotros, eso se debe a que al Estado le resulta más fácil y controlable aplicar los impuestos directos al consumidor en vez de aplicarlos al capital.
Cuando el gasto de los gobiernos crece más rápido que los ingresos, el déficit se incrementa y hay que cubrirlo con préstamos que generan pagos de intereses altos, si a eso le agregamos nóminas altas y transferencias a sectores como el eléctrico se reduce el gasto de capital, algo que a los gobiernos no les conviene porque ahí es cuando la población dice “no han hecho nada”.
Las reformas se hacen para tener más dinero para invertir en obras de capital.
Si partimos de la realidad de la economía que es muy dinámica, se requieren reformas, también una mala administración de los gobiernos en los manejos de los recursos del Estado o un gasto corriente desproporcionado los obliga a reformas fiscales.
Lo que se impone es un “gran pactó político y social” que permita una reforma fiscal integral, pero eso es casi imposible porque la oposición política sin importar quien gobierne y quien esté en la oposición no participaría en ese plan de reformas que le dé al gobierno de turno la oportunidad de manejar los recursos con los que invertiría en obras de capital que se traduciría en capital político favorable.
Cuando se van a producir esas reformas, siempre se producen encuentros entre representantes del gobierno y los sectores impactados, pero en la última década hay una ley que se ha cogido de “sparring”, todo el tiempo la amenazan con una revisión o su eliminación.
Me refiero a la ley 108 – 10, la ley de cine que fue promulgada en julio del 2010 durante la gestión del doctor Leonel Fernández.
Cuando se oye una “vocecita” por ahí clamando por la ley no es la ley, son los artículos 34 y 39 de ella, y uno se pregunta, son los recursos invertidos como incentivos al desarrollo del cine en República Dominicana el problema de la economía?, no relajes Magino!!
Yo no voy a referirme a los argumentos ya expuestos en defensa de la ley, pero si había alguna debilidad en ella, fue revisado y corregido en la modificación de junio del 2013.
Sin embargo, quiero recordarles a los señores que representan al gobierno, que hay muchos jóvenes dominicanos egresados de universidades extranjeras en la carrera de cine y seis escuelas en el país que están creando profesionales en el área, que tendrán oportunidades junto a los miles de trabajadores, beneficiarios directos de esta ley.
Mi sugerencia señor presidente, que se excluya la ley de cine de la discusión de esta reforma y en una reunión sin presión ni sobresalto se escuchen las partes y con la cabeza fría se revise y ver si realmente hay algo que ajustar, pues con los “cheles” que se invierte ahí son muchos los empleos directos e indirectos que se crean en el país y son muchos, demasiado diría yo, los muchachos que la industria cinematográfica saca de las calles y los convierte en ciudadanos útiles a la sociedad.
Marisol de La Cruz
